El informe "Políticas de Comunicación en América Latina: Un Enfoque
Comparado", elaborado en base a cinco países (Venezuela, Argentina,
Brasil, Chile y México) por el Centro Estratégico para el Crecimiento y
el Desarrollo Argentino (CECREDA), concluye que más allá de la
iniciativa estatal en la configuración actual del sistema de medios en
América Latina, en la práctica “aún predominan estructuras en donde
prima la relación oferta-demanda, y la apertura hacia la inversión
privada, ya sea esta extranjera o nacional”.
En el caso de México, desde sus inicios a la actualidad, el sistema de
medios mexicano cambió aceleradamente de una fuerte presencia pública
estatal hacia una liberalización y extranjerización del mercado.
En Brasil se está discutiendo una nueva normativa impulsada por el
Partido de los Trabajadores (PT), la anterior es de 1962, en un país
donde los 4 primeros operadores de la industria concentran el 81% del
share y el 77% de la facturación. La presidenta Dilma Rousseff avanzó
con una Ley de Información y otra del Cable, que permite el ingreso de
telefónicas y empresas extranjeras para competir con los pulpos
brasileños. Pero la sociedad civil se queja de la restricciones a las
radios comunitarias que se impusieron en los 90’.
En Chile se mantienen los ejes de la dictadura con un proceso
privatizador de los medios chilenos. Se trata de un modelo, el de
concentración y apertura al capital, externo y chileno, que no cambió
desde entonces, más allá de las leyes de Radio y Televisión, de TV
Digital (2008), que optó por la norma japonesa, de Prensa y Ejercicio
del Periodismo (2001), de Radios Comunitarias (2010) y de Internet
(2010) que tuvieron efectos paliativos, aunque contienen iniciativas
innovadoras.
En Venezuela se le dio una fuerte impronta de las iniciativas
comunitarias, estatales y latinoamericanistas, como Telesur. Y
sancionaron las normas de Responsabilidad Social de los medios y el
Código de Ética Periodística.
En Argentina, después del debate en foros regionales, la presidenta
Cristina Fernández impulsó la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (2009), basada en los 21 Puntos para una Radiodifusión
Democrática que habían consensuado organizaciones de la sociedad civil
desde 2004. Reserva un tercio del espectro radioeléctrico para el
Estado, uno para los privados comerciales y un tercero para privados sin
fines de lucro, marca pautas antimonopólicas y promueve la producción
local. Pero aún están trabados judicialmente dos artículos por pedido de
Clarín.
Fuente: Argentina.ar
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